Esta aplicación se ha convertido en una verdadera alternativa de regulación del espacio urbano, lo que provoca tensiones con las administraciones locales. Sin embargo se puede establecer una colaboración basada en la gestión compartida de los datos.

Hasta no hace mucho, las administraciones públicas eran las únicas que controlaban la organización y la gestión del espacio público y, en particular, la circulación de los vehículos. Pero esto ya no es así. Hoy en día, los conductores no siguen obligatoriamente los itinerarios trazados por urbanistas e indicados mediante señales de tráfico, sino que, para ahorrar tiempo, utilizan aplicaciones como Waze para conducir por rutas generadas en tiempo real por un algoritmo.

Al no tener en cuenta los planes de circulación elaborados por las administraciones públicas, estas rutas tienen consecuencias en el tráfico de un territorio, convirtiendo, por ejemplo, calles “tranquilas” situadas en áreas residenciales en zonas de mucho tráfico. También pueden obstaculizar el trabajo de los ingenieros de transportes, cuya prioridad no consiste en garantizar la mayor rapidez en los desplazamientos para los vehículos de motor, sino, al contrario, en llevar a la práctica la voluntad de facilitar la circulación de todos los usuarios de la vía pública y hacerla más segura incorporando, por ejemplo, pasos de peatones, aceras anchas, carriles de bici y semáforos.

La aparición de plataformas como Waze parece haber puesto frente a frente dos concepciones distintas, y a veces contradictorias, del espacio público: por una parte, una organización de las vías de circulación en función de un proyecto de vida comunitaria en un municipio, y por otra, una herramienta individual que indica al conductor el camino más rápido, sin importar la zona por la que se pasa. “Estas formas alternativas de regulación del espacio urbano provocan tensiones con las autoridades públicas locales”, constata Antoine Courmont, responsable científico de la cátedra Ciudades y Tecnología Digital de Sciences Po, en su estudio titulado Plataformas, big data y recomposición de la administración urbana. El caso de Waze.

Visión espacial frente a visión temporal

El investigador establece una oposición entre la “visión espacial de la administración local y la “visión temporal de las aplicaciones. La primera está basada en las infraestructuras, mientras que la segunda se basa en los comportamientos de los automovilistas. El programa de Waze funciona a partir de los datos y la comunicación en tiempo real de los smartphones que emiten datos como la localización por GPS y la señalización de los obstáculos encontrados: atascos, obras, accidentes… Esos datos son procesados en tiempo real por un algoritmo que determina la ruta más rápida en un momento determinado, sean cuales sean las vías que se tomen. Son editores voluntarios quienes actualizan periódicamente la cartografía de Waze.

En su análisis de cómo la aparición de una nueva cuantificación —la de Waze— pone a prueba la actuación pública territorial, Antoine Courmont propone dos opciones: la oposición y la colaboración. Al escapar al control de la administración pública, los big data pueden contradecir y anular las decisiones de gestión del tráfico que toman las administraciones, pero también pueden ayudar a los ingenieros de regulación pública.

Es lo que indica el responsable del puesto de control (PC) de la circulación de Lyon, citado en el estudio de Sciences Po: “Waze nos soluciona problemas. Al redirigir automáticamente a los conductores, evita enviar más tráfico a puntos conflictivos”. En Estados Unidos también hay quienes hacen la misma valoración positiva.

Sin embargo, la mayoría de las veces se culpabiliza a Waze por los problemas que ocasiona en las áreas urbanas. Las tensiones que surgen pueden llegar hasta el punto de poner en peligro a los ciudadanos, como ocurrió en Sherman Oaks, en la costa oeste de Estados Unidos. En el año 2017, se declaró un incendio en las inmediaciones de este barrio de Los Ángeles, y las aplicaciones, guiando a los conductores, provocaron un gran atasco: indicaban a los habitantes de las afueras que conducían por la zona que pasaran por el barrio, cruzando el área del incendio, mientras que, por otro lado, se estaba evacuando a los residentes.

Coproducción de la regulación

Aplicaciones como Waze ponen a prueba la capacidad de las instituciones públicas de coordinar las acciones individuales de un gran número de personas”, observa Antoine Courmont, y los responsables de tráfico se plantean qué hacer para recuperar el control. En Francia, el alcalde de Lieusaint, al sur de París, le ha tendido una trampa al algoritmo. Waze aconsejaba pasar por esta localidad para evitar los atascos en una autopista cercana. Para enviar a otro lugar ese indeseable río de coches, el alcalde instaló un improbable semáforo tricolor a la salida de la población jugando con las vías de un solo sentido para modificar el algoritmo de Waze.

Hay que definir modalidades de adaptación para coproducir la regulación viaria

En Fremont, Estados Unidos, unos carteles advierten: «¡No se fíe de sus aplicaciones!»… Antoine Courmont, responsable científico de la cátedra Ciudades y Tecnología Digital de Sciences Po, opina que la transformación de la infraestructura viaria para reducir la velocidad de circulación es una posible solución que podrían adoptar las instituciones públicas. También pueden alinear las categorías administrativas de la red viaria con las de la base de datos de Waze.

Courmont también plantea otra perspectiva más constructiva: una confluencia entre los datos públicos y los big data de las plataformas. Para ello, hay que definir modalidades de adaptación para coproducir la regulación viaria. Se trata de usar programas de intercambio de datos sobre la base de una alianza que beneficie a ambas partes: Waze puede consolidar la información sobre las situaciones que alteran el tráfico y las administraciones locales pueden añadir un instrumento complementario a su política.

En Francia, una decena de administraciones locales establecieron en 2017 (año del estudio) una alianza de este tipo basada en los datos, experimentando así un nuevo reparto de las tareas entre los ámbitos público y privado. Las autoridades públicas se encargarían de generar y facilitar datos de calidad, mientras que las entidades privadas desarrollarían servicios para los usuarios.

18/11/2020